La Providencia, ex centro de tortura se convierte en sitio de memoria en Antofagasta

Por Camilo Casas-Cordero

El año 2016 será recordado, entre otras cosas, como un año histórico para Antofagasta y para la agrupación Providencia, luego de que, en noviembre, el Ministerio de Educación determinara que el edificio de calle Matta # 3230, que hoy alberga el departamento de la OS7 de carabineros, sea declarado monumento nacional en su calidad de sitio de memoria. Esto fue posible gracias al extenuante trabajo que realizó la agrupación y que luego de dos años consiguió uno de sus objetivos: Hacer visible parte de la historia del edificio a través de esta declaración.

El edificio Providencia

La Congregación de las Hermanas de la Divina Providencia llegó a Chile el 17 de junio de 1853 desde Canadá, país donde se constituyeron. En Chile habilitaron asilos de ancianos, casas de acogida para niños huérfanos, pastorales, entre otros servicios. En 1917 se establecen en Antofagasta luego de la construcción del edificio en cuestión. El recinto albergó el pensionado Bernarda Morín Rouleau, en su costado tenían la Capilla y lo que fue el Asilo de Infancia por calle Chuquisaca. También tuvieron un establecimiento educacional frente a la Capilla, lo que es hoy el Colegio Providencia, aunque actualmente ya no esté vinculado a la congregación.

Se presume que, en época de dictadura, torturas y abusos a los derechos humanos se habrían ejecutado en todos los recintos previamente mencionados, pero por ahora el reconocimiento sólo hace referencia al edificio del pensionado, el más emblemático de todos.

El trabajo de la agrupación fue clave para dar a conocer la historia que envuelve al edificio.

En 1973, poco más de un mes antes del “11”, el pensionado pasaría a ser ocupado por las bases universitarias del partido Demócrata Cristiano, como lo cuenta el diario El Mercurio de Antofagasta del 04 de agosto del mismo año. La noticia se refería a la toma del edificio que se había concretado 10 días antes, en una operación que se anticipó a las juventudes comunistas que planeaban hacer lo mismo. Para eso, los jóvenes Demócratas habrían realizado jornadas de vigilancia día y noche para resguardar el inmueble que finalmente quedó en sus manos, aunque no sería por mucho tiempo.

Luego de tomarse el recinto, los universitarios DC tenían pensado hacer su propio pensionado, y el partido estaba en negociaciones para hacer la compra del edificio y trasladar sus oficinas. Pero todo cambió a partir de ese fatídico 11 de septiembre, cuando el General Pinochet ordenó el cobarde ataque a La Moneda e iniciara los 17 años más amargos del país.

En consecuencia, solo días después del “11”, el edificio fue expropiado y entregado a la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), pasando a ser su centro de operaciones. Hasta 1986, el edificio también fue utilizado por el Centro Nacional de Informaciones (CNI) y por el Servicio de Inteligencia de Carabineros. Durante esos 13 años, el ex pensionado se había transformado en un centro de torturas, funcionando clandestinamente como un lugar de paso, previo a la cárcel, al exilio, a la desaparición o la muerte. Allí se realizaron todo tipo de atrocidades, las personas que eran llevadas hasta ahí permanecían con los ojos vendados, no podía haber comunicación entre los reclusos, no se hacían preguntas y en cualquier momento recibían la violencia desmedida de militares, técnicas de torturas ya bien conocidas en nuestro país que a esta altura no vale la pena mencionar.

Cientos de antofagastinos pasaron por este centro, donde sin mayor mediación ni razón fueron violentados a tal punto que las victimas aún arrastran secuelas no sólo físicas, incluso psicológicas que pueden llegar a ser todavía más perjudiciales. Sobre todo si luego de 26 años de vuelta a la democracia, aún existe impunidad por estos actos y los victimarios gozan de privilegios y bienestares por culpa del nefasto accionar del poder judicial.

Habiendo dicho todo lo anterior, resulta extraño que ninguno de los seis gobiernos que han pasado después de la dictadura, se haya hecho cargo del inmueble que cumple con todos los requisitos para haber sido monumento nacional con mayor anterioridad. El recinto ha permanecido invisible para la comunidad antofagastina, tal como lo demuestran los propios vecinos del sector, al ser consultados por el ex centro de torturas La Providencia. De ocho, sólo uno supo responder: Jessica Zotela, vecina de calle Chuquisaca, se enteró de ello gracias a una intervención de la agrupación en medio de una misa de la Capilla de La Providencia. Este desconocimiento se debe a que la mayoría de las personas son nuevas en el barrio y no tienen como saberlo si no fuera por las actividades que se han llevado a cabo últimamente.

Agrupación Providencia Antofagasta.

Por más de 20 años el edificio ha estado ocupado por el departamento de la OS7 como centro de sus operaciones. Es un trabajo hermético, de inteligencia, donde destraban bandas de narcotráfico. Situación que seguramente permitió que la historia pasada se mantuviera silenciada y eclipsada por las labores de Carabineros entre las paredes del #3230 de la calle Matta.

Sitio de memoria

Héctor Maturana, Presidente de La Providencia, lleva adelante junto a la agrupación un trabajo de camino pedregoso, donde nadie quería hacerse cargo del tema.

La madrugada del 18 de septiembre de 1980, Héctor fue tomado detenido en su casa junto a su padre. Sólo habían transcurrido 7 días desde que la constitución del “80” fuera ratificada a través de un plebiscito. El país vivía circunstancias especiales, que provocaron una represión sistemática en la que cayeron dirigentes, opositores, y militantes.

A esas alturas, ya había movimientos de resistencia a la dictadura militar. Maturana es uno de los que luchó por acabar con el régimen. Siendo ex-militante de izquierda, aquella madrugada de fiesta criolla y de largo feriado, hubo tiempo para tomar varios detenidos. Fue retirado de su casa con los ojos vendados y trasladado hasta las dependencias de Carabineros ubicada en los alrededores de La Portada. En ese lugar cuenta que sufrió las peores torturas, la violencia era totalmente desmedida.

Estuvo ahí durante todo un día, hasta que en la noche lo trasladaron a La Providencia. Permaneció seis días en ese centro de tortura, siempre con la vista vendada, rodeado de violencia y malos tratos. Sólo al tercer día supo donde estaba y logró escuchar la voz de su padre, que había corrido su misma suerte. Luego, en su calidad de preso político, pasó dos años en la cárcel antes de acabar con la pesadilla.

La agrupación se formó con la intención de dar visibilidad a lo ocurrido y otorgar un sitio de memoria para Antofagasta. Para ello, el 28 de mayo del 2015 ingresaron la solicitud para declararlo sitio de memoria. Gestiones que dieron su siguiente paso el día 13 de abril del año pasado, cuando el Consejo de Monumentos Nacionales tuvo una visita al recinto en compañía de miembros de la agrupación Providencia para realizar el plano del sitio como documento fundamental para la declaratoria. En esa ocasión se pudieron confirmar relatos y comparar algunas fotos que delataban la verdad.

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El Colegio Providencia de Antofagasta es otro de los lugares que, a futuro, podría se reconocido como sitio de memoria (fuente: flickr)

Cabe señalar que el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en el año 2015, creó la subsecretaria de Derechos Humanos para resolver esta clase de asuntos, destacando la importancia de recuperar sitios donde se violaron los D.D.H.H. con la intención velar por su cuidado y mantención. En este contexto, La Providencia pudo concretar su primer objetivo, ya que definitivamente el 31 de octubre el Ministerio de Educación oficializó la declaración de Monumento Nacional en su calidad de Sitio de Memoria.

Para la Agrupación es importante para que el sitio tome otro sentido, una mirada diferente. Que lo que ocurrió allí no sea olvidado por la comunidad local. Este sitio de memoria debería ser un lugar donde se pueda reflexionar y entender mejor los procesos que se vivieron en el país, para construir una sociedad mejor.

Según el documento que emitió el Ministerio de Educación, cuatro fueron los fundamentos patrimoniales que dieron sustento a esta declaración: Haber funcionado como un centro clandestino de detención y tortura; su emplazamiento dentro del trazado histórico de la ciudad; ser un símbolo de la lucha contra la violación de los Derechos Humanos; y por último, el sitio es reflejo de la historia reciente del país y de la memoria de las víctimas de la represión como política de Estado. Su preservación en el tiempo es una contribución a la promoción, protección y educación de los Derechos Humanos del conjunto de la sociedad.