Arelian Barboza
El pasado 25 de mayo, un sismo de magnitud 6.9 sacudió al norte de Chile. Su epicentro fue a 20 km del noroeste de Calama, el cual provocó daños en infraestructura en distintos puntos de la ciudad. Como consecuencia, más de cinco establecimientos educacionales sufrieron deterioros estructurales que llevaron a la suspensión de clases y que hasta el día de hoy, uno de ellos sigue viéndose afectado. Esto no fue un simple temblor que provocó daños, sino que evidenció la falta de organización e importancia que le dan las autoridades centrales a las problemáticas de una ciudad, que ha sido abandonada sistemáticamente por años.
La Escuela Valentín Letelier D-131 fue la principal damnificada, la cual sigue sin poder retomar sus actividades académicas de forma regular, afectando a cerca de 600 estudiantes. Si bien, actualmente se encuentran en formato híbrido entre clases online y utilizando dependencias de otro establecimiento como solución provisoria, siguen sin tener un espacio propio y fijo para volver a la normalidad.
El hecho abrió debate público en la educación calameña. Escolares, docentes y apoderados de la ciudad han manifestado su incertidumbre ante las propuestas presentadas por las autoridades, que parecen ser inciertas y a largo plazo.
En ese sentido, el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, advirtió que se tratará de un proceso lento y que no es descartable de que incluso en febrero del 2027 no estuviera finalizado
La discusión entonces dejó de centrarse solo en los daños provocados por el sismo y comenzó a cuestionar cuánto tiempo puede extenderse una solución antes de transformarse a un formato de “normalidad”.
Pero la pregunta que queda después de una situación como esta no debería limitarse a qué hacer inmediatamente después de cuando ocurre una calamidad. Si no que, cuales son las herramientas que tienen las comunidades, en este caso educativas, para anticiparse a los problemas y cuánta importancia y difusión se les da desde el gobierno central a estas. Porque una emergencia no comienza cuando ocurre, empieza desde la planificación, la infraestructura, los protocolos y la preocupación por el territorio.
Según una entrevista en otro medio, la seremi de Educación, Carolina Moscoso, declaró que ya iniciaron el análisis del informe técnico que indicará las alternativas a seguir con la infraestructura de la escuela, paralelamente el Gobierno Regional también aprobó dineros para financiar el transporte de los alumnos al liceo que los acogerá probablemente durante todo el segundo semestre. Pero ¿por qué había que esperar a que ocurriera un desastre para que recién existieran avances?
Considerando que Calama es nombrada como la capital minera de Chile, resulta difícil ignorar la contradicción que existe entre su potencial desarrollo económico y la falta de inversión a su infraestructura, especialmente de la educación.
Lo cual es paradójico, la ciudad que durante décadas se supone que más recursos produce, es aquella que hoy sufre las consecuencias del abandono ante un sismo.
Han pasado más de dos meses desde el episodio, pero las consecuencias seguirán
extendiéndose durante un tiempo. Ni con estos hechos, Calama logra ser lo suficientemente visible para las autoridades centrales , solo utilizan soluciones provisorias con algo que lamentablemente es tan importante como lo es la formación del futuro de Chile.
La educación no puede depender de soluciones parches ni de cuánto tiempo una emergencia deje de ser noticia. Detrás de esto hay estudiantes que merecen estabilidad, docentes con buenas condiciones para enseñar y familias completas que necesitan certeza. El sismo no podía evitarse, pero sus consecuencias sí pueden enfrentarse con mayor planificación, respuestas más rápidas pero sobre todo, con mayor reconocimiento.
Naomi Bernal
Alejandra López