Lawfare y poder judicial: ¿Por qué es necesario reformar?

Foto: Nicolás Rivera.

En medio de la prisión preventiva de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, quien se encuentra formalizado por cinco delitos y arriesga la destitución de su cargo, el sistema judicial atraviesa una profunda crisis de credibilidad en la ciudadanía, con más de un 75% de desaprobación, según la encuesta Pulso Ciudadano.

A esta problemática se suman las recientes filtraciones de WhatsApp donde terceros intentaban intervenir en el nombramiento de jueces y otros cargos. En ese contexto, la Corte Suprema extendió al ministro de Justicia, Luis Cordero, una propuesta para reformular el sistema de nombramiento del Poder Judicial. Propuesta que sería valorada por el gobierno, quien ya se encontraba trabajando en una reforma al respecto, según información de la ministra del interior, Carolina Toha.

Sin embargo, la idea fue considerada “insuficiente” por la asociación de magistrados, cuyo presidente, Alejandro Vera, comentó que, si bien el proyecto reflejaba algunas de las perspectivas de la asociación, este no contemplaba que los órganos encargados del nombramiento de los jueces den cero espacios para la participación de entes o representantes de carácter político, que podrían generar influencias indebidas en el proceso de nombramiento.

En este marco es que destaca la figura del “Lawfare” que, según Paula Riveros, abogada especialista en derechos humanos, se define como “una instrumentalización de la justicia o judicialización de la política”. Es decir, se genera un aprovechamiento de las instancias judiciales para poder inhabilitar o generar repudio y desprestigio hacia un actor político. Considerando que, si bien este podría eventualmente demostrar su inocencia, la asociación con un proceso judicial puede generar una mancha imborrable dentro de la carrera política o vida de un sujeto.

Por otro lado, Paula Riveros destaca que “esta intromisión del poder judicial en la política institucional no comienza ni termina con Jadue. Hay muchos ejemplos, sobre todo en política internacional, donde esto ha ocurrido, como Lula da Silva”. Agregando además que quienes se refieren a la prisión preventiva del edil comunista lo hacen debido a supuestos vínculos de Luis Hermosilla con la fiscal Giovanna Herrera y el abogado querellante Mario Vargas.

Es en este contexto que organizaciones como las Juventudes Comunistas de Chile y otros sectores de la izquierda política han utilizado el concepto para referirse al caso de Daniel Jadue, apelando además a otros casos donde la justicia optó por medidas cautelares de mucha menor envergadura, como en el caso de Kathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario por la generación de un déficit de más de 30 mil millones.

Si bien es importante tener en consideración que ambos casos son distintos en muchos niveles, la capacidad de los jueces para poder determinar la peligrosidad de un individuo para la sociedad ha quedado al debe continuamente. Sumándose, por ejemplo, la liberación de cinco peligrosos integrantes del Tren de Aragua, quienes se encontraban formalizados por secuestro y que pagaron una fianza de 5 millones de pesos cada uno, para dejar la prisión preventiva y quedar en libertad.

Posteriormente esta decisión sería revertida, pero deja en evidencia las grietas del sistema judicial en Chile, que requiere de una urgente reformulación. De esta forma y sin caer en un populismo punitivo, podemos esperar un Poder Judicial donde la designación de jueces no esté intervenida por terceros y donde el trabajo de Carabineros de Chile, así como de la Policía de Investigaciones, no sea vano.