Lucas Lorca
Este jueves 30 de julio, mientras España contaba sus muertos en la playa de el Tarajal, Chile seguía sumando su propio balance: más de mil expulsiones de extranjeros en lo que va de 2026. A primera vista, ambos acontecimientos no tienen nada que ver. Sin embargo, plantean la misma pregunta: ¿qué hace un país cuando la migración deja de ser un flujo ordenado y se convierte en una avalancha?
Viví esa pregunta de cerca. Pasé una temporada en Santander, en el norte de España, y allí escuché, más de una vez, algo que no esperaba de un país que lleva medio siglo recibiendo migrantes: “estos marroquíes vienen a ensuciar nuestro país“. No era un comentario aislado ni provenía de un solo tipo de persona. Era una idea que circulaba con naturalidad, casi como un sentido común, en conversaciones con habitantes de Santander .Esa misma idea, disfrazada a veces de orgullo patrio, la he vuelto a escuchar en Chile, cambiando “marroquí” por “venezolano” o “colombiano”. El nacionalismo defensivo no es un invento español ni chileno: aparece, con el mismo guión, en cualquier país que siente que perdió el control de su frontera.
Aquella percepción dejó de parecer un exabrupto cuando, días después, comenzó a reflejarse en las cancillerías europeas. Italia pidió formalmente expulsar a España del espacio Schengen por la crisis de Ceuta, y la propuesta fue secundada por Finlandia, Dinamarca, la República Checa y el partido de ultraderecha portugués Chega. El líder de Reform UK, Nigel Farage, habló de “una batalla por el futuro de nuestra civilización“.
Y ahí está el problema real. Más allá de los prejuicios, hoy en día los países están tomando medidas cada vez más drásticas para frenar este tipo de actos de inmigración masiva. Los datos ayudan a entender esa percepción. El jueves pasado ingresaron a Ceuta entre 40 mil, según Marruecos y más de 50 mil personas, según España en menos de 24 horas: una cantidad equivalente a la población de una ciudad chilena mediana cruzando una frontera de una sola vez.
Ese número no surgió de la nada. Se sumó a una comunidad marroquí que ya supera el millón de personas en España, la más numerosa del país, formada durante décadas de migración regular y trabajo. Lo ocurrido en Ceuta no fue la continuidad de esa migración histórica, sino que fue un acto alimentado por mensajes en TikTok que asegurar, falsamente, que “la frontera española está abierta y se puede pasar sin papeles”.
Chile conoce ese mismo patrón, solo que repetido tres veces en una década. Primero llegaron los haitianos, entre 2016 y 2018, huyendo de un terremoto y un Estado en ruinas. Después llegaron los colombianos. Finalmente, la ola que cambió por completo el mapa migratorio del país
Esa tensión entre una migración que aporta y un Estado que no logra ordenarla explica por qué el actual Gobierno de Chile llegó al poder con un discurso centrado en seguridad y el control fronterizo, y por qué hoy multiplica vuelos de expulsión, que actualmente son más de 1.270. Además de impulsar las reformas legales para acelerar los procesos de salida. No es un tema aislado, es la misma respuesta, con matices, que están ensayando gobiernos de distinto signo político en medio mundo, incluida España, que ha reforzado el paso de Melilla, instalado nuevas barreras en El Tarajal y desplegado cerca de tres mil efectivos entre Ejército y Guardia Civil solo para esta crisis.
Aquí conviene ser preciso, porque es fácil confundir dos fenómenos distintos: uno es la migración que construyó comunidades marroquíes o venezolanas en la Región Metropolitana, gente que llegó, trabajó, pagó impuestos y se quedó, aunque el mercado no siempre le devuelva lo que sabe hacer. Otros la migración que entra en una sola noche por un paso no habilitado, empujada por redes de tráfico de personas y desinformación en redes sociales, sin que ningún estado sepa cuántos son ni quiénes son. Tratar a la segunda con la misma tolerancia que a la primera no es generosidad es abandonar la frontera.
Los programas migratorios que hoy despliega Chile en el control fronterizo, expulsiones conforme a la ley, reformas legales no son una política contra el migrante. Son la misma respuesta, tardía pero necesaria, que España empezó a dar esta semana en Ceuta, la de un Estado que perdió el control de su frontera y ahora intenta recuperarlo porque la soberanía no se ejerce con discursos, si no con la capacidad regular quien entra a un país y bajo qué condiciones, garantizando así tanto la seguridad nacional como la sostenibilidad de los procesos de integración.
Vicente Araya
Dinka Rosso