Anissa Medina
El pasado martes cuatro de agosto, fue presentada la ley Mordaza en la Cámara Alta, sin embargo, la sesión terminó sin haberse debatido ni votado al respecto.
La iniciativa propuesta por los senadores Pedro Araya (PPD), Paulina Nuñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alfonso de Urresti (PS) y Luz Ebensperger (UDI), ha sido tópico de debate, específicamente por la modificación del artículo 226 J, que plantea sancionar a todo que entregue, informe, difunda o divulgue antecedentes de una causa penal en investigación.
El Colegio de Periodistas de Calama, ha sido un ávido oponente del proyecto. Su presidenta, Ali Astete, señala que como organización están alerta y llaman a los parlamentarios a rechazar la presentación. “Estamos preocupados por lo que va a significar esta ley, pues claramente va a implicar un desmedro en el ejercicio del periodismo al presentar multas de hasta 500 UTM y penas de cárcel”, indicó.
Esta ley no solo aplicaría a la prensa, sino también se extendería a la ciudadanía, puesto que habla de “difundir”. La periodista agrega que no sería posible saber de avances en casos vinculados al crimen organizado, la corrupción estatal o la trata de personas.
Desde la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica del Norte, el docente y jefe de carrera, Mg. José Luis Villalobos, se refirió al efecto que la aprobación de la ley podría tener en la formación de futuros periodistas: “Afectaría a una de las esencias o motivaciones que tienen los estudiantes cuando ingresan a la carrera, que es investigar y ser ‘los justicieros de la sociedad’, en relación a cuestionar el poder”.
Además, el profesor comentó que la propuesta, “atenta específicamente con el principio constitucional de la libertad de emitir opinión e informar. Criminaliza la transmisión de información y afecta especialmente al periodismo de investigación que ha sido el que ha levantado los grandes episodios mediáticos a nivel nacional”, haciendo referencia al Caso Monsalve, a la filtración de audios de Hermosilla y al Caso Caval.
Según la perspectiva de Richard Araya, periodista y jefe de comunicaciones de La Estrella Antofagasta, la ley genera una autocensura en los propios medios de comunicación y dificulta llegar a la verdad. “Medios de investigación como CIPER, quedarían de brazos, de pies, de todo atado”.
Varios periodistas y organizaciones no solo de la región de Antofagasta han llamado a rechazar esta ley, argumentando que pasaría a llevar ciertos tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Estándares de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión.
Vicente Rivera
Gabriel Estay